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“Es inconstitucional. Llano y simple”. Las reacciones tras la decisión de Trump de excluir a los inmigrantes del censo no se hicieron esperar por parte de los representantes hispanos.
Trump tiene como objetivo claro impedir que los inmigrantes indocumentados que viven en el país sean incluidos en el censo con el fin de decidir cuántos miembros del Congreso se distribuyen en cada estado.
Así lo manifestó claramente:
“Mi Administración no apoyará darle representación en el Congreso a los extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de Gobierno”, argumentó Trump.
LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference t.co/eNMavhb1e4
Por su parte, el republicano Tony Cárdenas indicó en su cuenta de Twitter: “Trump continúa sus ataques contra inmigrantes al ordenar un conteo insuficiente. Esto nos afecta a todos porque el censo determina cómo se asignan los recursos federales. No contar a las personas dañará a todos.”
Trump is continuing his attacks on immigrants by ordering an undercount. This affects all of us because the census determines how federal resources are allocated. Not counting people will hurt everyone.
Otros republicanos también hicieron saber su inconformidad con la decisión. “Lucharemos contra esto en el Congreso, en los tribunales”, indicó Nydia Velázquez, quien representa el 7º Distrito del Congreso de Nueva York en la Cámara de Representantes de EE. UU.
Another thinly veiled attempt by @realdonaldtrump to intimidate immigrant communities and punish cities with large immigrant populations.
We will fight this in Congress, in the Courts and – I expect – it will go the way of the citizenship question.
Según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) hay al menos 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país, sin embargo, la administración Trump argumenta que la Constitución no define específicamente qué “personas” deben incluirse en la base de distribución, y señala que los inmigrantes documentados que se encuentran temporalmente en el país y cierto personal diplomático extranjero son “personas” que han sido excluidas de la base de distribución en censos pasados.
El representante Henry Cuellar, escribió que esta orden “Es inconstitucional. Llano y simple. El Artículo 1, Sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos requiere que el gobierno federal cuente TODAS las personas en el censo decenal. El censo es una piedra angular de nuestra democracia.”
This is unconstitutional. Plain and simple. Article 1, Section 2 of the United States Constitution requires the federal government to count ALL persons in the decennial Census. The Census is a cornerstone of our democracy.
Cuellar no es el único que considera el memorandum como inconstitucional, pues tal como reporta Telemundo, varios expertos legales argumentan que el censo requiere un conteo de cada persona de los Estados Unidos. ”No dice que cada persona blanca, no dice cada persona hombre, no dice cada ciudadano” expresa La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados.
De hecho, la Corte Suprema ya anuló hace un año la pregunta sobre la nacionalidad que el gobierno pretendía incluir en el censo, ahora, la Casa Blanca asegura que conseguirá estos datos para identificar a los extranjeros ilegales.
“Recopilaremos toda la información que necesitamos para realizar un censo exacto y tomar decisiones responsables sobre políticas públicas, derechos de voto y representación en el Congreso”, indicó el mandatario.
La decisión de Trump también llega en un momento decisivo, pues en pocos meses los ciudadanos deberán elegir si lo reeligen o no como presidente. Por su parte, Sylvia García, quien también es miembro del Congreso indicó que “Este es otro ejemplo de cómo esta administración continúa politizando el Censo para ganar puntos políticos baratos a expensas de los inmigrantes en todo Estados Unidos”.
Como lo indica la revista Semana, la asociación de defensa de los derechos humanos ACLU denunció esta acción del presidente como “inconstitucional” y prometió desafiarla ante los tribunales.
Varios grupos de derechos civiles anunciaron el miércoles que presentarán una demanda en contra de la nueva orden. “Justo cuando pensábamos que el tema estaba resuelto viene esta orden que deja todo sin resolver”, declaró la juez federal de distrito Paula Xinis.
Los activistas en Maryland denuncian que la medida es “racialmente discriminatoria” y que busca disminuir la influencia política de los hispanos para así aumentar la de los blancos.
Los resultados del Censo 2020 serán quienes determinarán la distribución del poder político y los fondos federales para la próxima década. ¿Que sucederá?
Estaremos actualizando la noticia y aportando más comentarios de nuestros representantes acerca de este tema.
