La administración Trump ha dado permiso a las autoridades federales de inmigración para revocar el estatus legal de cientos de miles de inmigrantes que Biden permitió ingresar a Estados Unidos y buscar su deportación, según un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional.
Ahora, los agentes de ICE pueden arrestar, detener y deportar -en algunos casos, de manera acelerada- al menos 1,5 millones de migrantes que llegaron a Estados Unidos en los últimos años bajo programas que, según la administración Biden, disuadían la inmigración ilegal, pero que ahora, según la administración Trump, era ilegal.
El memorando del jueves de la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Benjamine Huffman, significa que los funcionarios pueden intentar cancelar la libertad condicional (algo que la agencia tiene autoridad para hacer porque es un estatus migratorio discrecional) para los inmigrantes que llegaron al país en los últimos dos años. Esa libertad condicional confirió un estatus legal temporal a esos inmigrantes.
Libertad condicional – BCP One
Uno de esos programas de libertad condicional que podría incluirse en el memorando del jueves es la aplicación CBP One, la cual había permitido la entrada de casi un millón de personas desde enero de 2023. Miles de citas estaban programadas hasta febrero fueron canceladas. Ahora aquellos que usaron la aplicación y han estado en Estados Unidos por menos de dos años podrían enfrentar una deportación rápida.
Otra es la iniciativa mediante la cual aproximadamente 530.000 personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití pudieron trabajar y vivir en Estados Unidos. También podría incluir a aquellos de Ucrania que recibieron libertad condicional.
Fin de la libertad condicional para Cuba, Nicaragua y Venezuela
Trump ha criticado a menudo el uso de los programas y el lunes firmó una orden ejecutiva para poner fin a la libertad condicional para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, además de cerrar la aplicación CBP One. Karen Tumlin, una abogada que cuestionó varias políticas de inmigración durante la primera administración Trump, dijo que el memorando reciente es “muy amplio y bastante ilegal”.
“Creo que la intención es que se aplique claramente a las personas en libertad condicional (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela). Todavía tengo muchas preguntas sobre cómo lo hacen exactamente”, dijo Tumlin, directora del grupo de defensa de la inmigración Justice Action Center. “No creo que sea legalmente válido. Ciertamente no dudaremos en impugnar esto ante los tribunales”.
Debido a que aquellos en el programa de libertad condicional tienen que dar tanta información para ser aprobados, el DHS puede encontrarlos fácilmente y priorizar su expulsión, dijo Bush-Joseph. “A diferencia de las personas que han estado viviendo en las sombras, de quienes el gobierno no sabe que existen, el gobierno sí sabe que estas personas existen y sabe dónde viven”, dijo Bush-Joseph.
Ahora los defensores de los inmigrantes temen que las personas que huyeron de lugares peligrosos se vean obligadas a regresar.
